La demanda social va aumentando en intensidad y llega a influir en las instancias político-administrativas, entonces en proceso de cambio en el contexto histórico de la transición democrática, planteando la necesidad de cubrir el espacio de intervención psicoeducativa por parte de las administraciones públicas.
Fue en 1970, en la Ley General de Educación, cuando se formuló por primera vez el derecho a la orientación escolar, pero no es hasta 1977 cuando se crean los primeros servicios del M.E.C., los Servicios de Orientación Escolar y Vocacional (S.O.E.V.), con funciones ligadas a los modelos de orientación de la época, muy amplias y poco definidas y con imposibilidad de efectuar una incidencia significativa en el sistema educativo, dado el escaso número de profesionales que inicialmente los componían (2-3 por provincia) y su compleja situación administrativa, se trata de profesores de Educación Primaria, psicólogos o pedagogos, al principio en "comisión de servicio" posteriormente como plaza de "carácter singular", sin reconocimiento del título superior exigido, lo que les conduce a una ardua batalla legal que todavía continúa.
Paralelamente, a partir de las primeras elecciones democráticas municipales de abril de 1979, se crean Servicios Psicopedagógicos Municipales; en este caso lo que se produce es la adopción por los nuevos ayuntamientos de propuestas de profesionales (Psicología - Servicio Público) en las que se plantean formas de intervención del psicólogo desde el municipio que aún se sitúan en la indeferenciación educación/salud/servicios sociales, áreas que en ese momento no están cubiertas desde otras instancias.
Los Servicios Psicopedagógicos Municipales (S.P.M.) estuvieron inicialmente muy influidos por los modelos comunitarios y preventivos procedentes del área de salud; y su distribución territorial (grandes urbes, áreas metropolitanas...) y condiciones de trabajo han sido muy variables y diversas; en España los ayuntamientos no tienen competencias directas sobre la red pública de enseñanza, aportan servicios complementarios por lo que la progresiva implantación de los servicios de intervención psicopedagógica de la administración educativa (inicialmente el M.E.C. , progresivamente las comunidades autónomas) en los mismos sectores, limita la actuación de los S.P.M. a la oferta de programas concretos complementarios a la actividad escolar, muchos de ellos de gran calidad por cierto, todo lo cual paraliza su crecimiento.
Lo anteriormente dicho sirve exclusivamente para los S.P.M. de las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas y no refleja lo ocurrido en Valencia y Cataluña en que los procesos de colaboración de la autoridad educativa autonómica y los ayuntamientos adoptaron al menos temporalmente otras formas.
A partir del Plan Nacional de Educación Especial de 1987 y de la Ley de Integración Social del Minusválido de 1982, surge un nuevo marco de intervención psicoeducativa, se crean los Equipos Multiprofesionales (E.M.), incrementándose en sucesivas convocatorias su número de forma importante en los años siguientes; la situación de sus componentes era la de contratados laborales (con reconocimiento de su titulación) de la administración educativa tras concurso-oposición como forma de acceso. Sus funciones, originalmente ligadas a la educación especial, trataron fundamentalmente de dar respuesta a la necesaria evaluación inicial y toma de decisiones de ubicación de los alumnos susceptibles de recibir atención especial, por ello sus funciones se centran en: prevención, detección, valoración multiprofesional, orientación y seguimiento.
Estos Equipos incorporan perspectivas de trabajo interdisciplinar, normalización y sectorización; sin embargo se observa insuficiencia de recursos cuando las funciones asignadas son superadas por las demandas de intervención psicoeducativa de los sectores que atienden, también falta experiencia previa en el modelo planteado, y un enfoque inicial ligado a una concepción médico-pedagógica de la educación especial hace difícil avanzar hacia actuaciones psicoeducativas más globales.
A partir del Real Decreto 334/85 de Ordenación de la Educación Especial (origen de las políticas de integración escolar) se abre un nuevo escenario. Por un lado se centran las funciones de los Equipos dependientes del M.E.C. en la valoración diagnóstica con vistas a determinar la ubicación escolar y en el apoyo a los proyectos y centros escolares de integración reconocidos a partir de dicha norma.
Además se procede a la unificación de funciones de S.O.E.V. y E.M. (Orientaciones para el funcionamiento de Equipos Psicopedagógicos, Enero de 1986) planteando funciones generales en el sector, funciones en centros ordinarios y funciones específicas (Centros de Integración, Centros de Educación Especial…), un conjunto de prioridades (integración, atención a familias, diagnóstico, prevención y fracaso escolar) y un modelo de organización y funcionamiento (sectorización, plan de trabajo…).
Las líneas generales de estas orientaciones resaltan los aspectos de apoyo a alumnos y centros de integración, en general de atención individual y asesoramiento a centros, sólo en escasa medida menciona aspectos de "orientación" y no recoge más que muy parcialmente las aportaciones preventivas o sociocomunitarias tan abundantes en los documentos elaborados por los propios Equipos por la misma época; a partir de ese momento se produce una unificación funcional, pero aún no de los aspectos administrativo-laborales, de los equipos ministeriales.
Con la puesta en marcha de la L.O.G.S.E. (1990) se va perfilando el modelo que la administración educativa plantea para la intervención psicopedagógica y la orientación educativa, contemplándose dos niveles de actuación profesional; por un lado los Departamentos de Orientación en Educación Secundaria como apoyo técnico a la labor tutorial del profesor y recurso profesional de la orientación en el centro, con funciones referidas al propio centro, al alumnado, al profesorado, familias y otras instituciones; y por otro lado los Equipos de sector para facilitar a los centros de Educación Primaria una asistencia y apoyo técnico de naturaleza didáctica, psicológica, social y organizativa, además de funciones específicas de ámbito sectorial. También existen Equipos Específicos (Autismo, Sordos, Ciegos, Motóricos) de ámbito provincial y Equipos de Atención Temprana (que cubren la etapa de Educación Infantil).
Con el fin de cubrir las plazas de profesionales en los Departamentos de Orientación de los Institutos de Educación Secundaria y en los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (E.O.E.P., nuevo y enésimo nombre de los Equipos de Sector del M.E.C.) se crea en 1991 la especialidad de Psicología y Pedagogía dentro del cuerpo de profesores de Educación Secundaria de carácter estatal (aunque la convocatoria de plazas en las Comunidades Autónomas con competencias educativas es prerrogativa de dichas comunidades) y se producen sucesivas convocatorias tanto centrales como autonómicas hasta desembocar en los más de 2000 miembros de dicha especialidad en 1997, de los cuáles aproximadamente la mitad son psicólogos.
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